Publicado el 18/06/2025 por Administrador
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La vida política de Colombia se encuentra sacudida por un hecho estremecedor: Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y una de las figuras más visibles de la derecha colombiana, continúa en estado de “máxima gravedad” y con pronóstico reservado, luego de ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.
Uribe, quien ya había comenzado a sonar como precandidato presidencial de cara a las elecciones de 2026, fue atacado durante un acto político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Un adolescente de 14 años fue capturado como presunto autor del disparo que impactó al senador en la cabeza y la pierna. El caso ha puesto en el centro del debate el uso de menores por parte de redes criminales y sicariato político.
Tras el ataque, Uribe fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue intervenido quirúrgicamente por un sangrado cerebral masivo y un edema que complicó su estado. Desde entonces, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo vigilancia permanente, recibiendo atención médica especializada. Su equipo médico ha señalado que se encuentra en una condición “extremadamente crítica”.
En los últimos días, las autoridades han capturado a dos presuntos cómplices adultos del ataque. Se sospecha que estas personas habrían facilitado el arma y coordinado el atentado. Aunque ambos niegan su responsabilidad, se encuentran bajo medida de aseguramiento preventiva mientras avanza la investigación judicial.
La noticia del atentado ha desencadenado una ola de solidaridad en todo el país. Miles de ciudadanos han participado en vigilias y marchas pacíficas, como la denominada “Marcha del Silencio”, realizada en más de 20 ciudades, en rechazo a la violencia política y como gesto de apoyo a Uribe y su familia.
Políticos de distintas corrientes, incluyendo figuras del gobierno y la oposición, han condenado el hecho y pedido una investigación exhaustiva. La Fiscalía General de la Nación investiga posibles nexos del crimen con redes criminales más amplias, incluso algunas con presuntos vínculos internacionales, aunque estas hipótesis aún no han sido confirmadas.
El atentado ha reavivado el debate sobre la seguridad política en Colombia, un país que arrastra una larga historia de violencia contra líderes públicos. La percepción de inseguridad ha aumentado, según encuestas recientes, y se ha convertido en uno de los temas prioritarios para los ciudadanos, por encima incluso de la economía o la corrupción.
Además, el atentado ha tenido repercusiones en la arena política. El presidente Gustavo Petro ha enfrentado duras críticas por parte de sectores que lo acusan de no garantizar un clima de respeto y protección a sus opositores. Al mismo tiempo, los niveles de aprobación presidencial han mostrado una caída considerable.
Mientras tanto, la familia de Uribe mantiene la esperanza, agradece las muestras de apoyo y pide oraciones por su recuperación. Por ahora, el país espera con incertidumbre la evolución de un líder joven cuya carrera política parecía estar en ascenso, y cuya vida pende hoy de un hilo.
